Si tuviéramos que definir un puñado de rasgos identificativos
del conjunto del Estado Español, su raíz rural, con sus campos, pueblos,
montañas, riberas…., estaría sin duda entre ellos. La mitad del territorio
español, incluso los archipiélagos, corresponde a áreas de media o alta montaña
con un relieve acusado. Todo ello condiciona de forma especial el hábitat, la
forma de ejercer las diferentes actividades económicas, de crear y mantener
infraestructuras o garantizar los servicios a la población. Desde mediados del siglo
XX las instituciones han subyugado a este Mundo Rural en beneficio de lo urbano,
si bien su diversidad, contraste y riqueza constituye un recurso que puede
convertirse en palanca para el desarrollo del país.
Una situación agónica que requiere un
pacto de Estado
Los
cambios habidos en las áreas rurales españolas en los últimos sesenta o setenta
años han sido de gran magnitud y profundidad: éxodo rural, metamorfosis del
sector agropecuario (mecanización, industrialización y capitalización, PAC
desde 1986), pérdida de diversificación económica y de peso específico en el
conjunto. El primero ha sido el más determinante y es consecuencia de políticas
iniciadas por el Estado franquista y continuadas por el Régimen del 78, que
buscaban trasvasar recursos –humanos sobre todo- del campo a la ciudad. El
estado agónico en que vive hoy el medio rural –despoblación, envejecimiento,
marginalidad de servicios y economía- es consecuencia de todo ello y solo podrá
revertirse implementando políticas institucionales diametralmente opuestas.
El
Mundo Rural tiene una dimensión múltiple, compleja y transversal que se intensificará
en el siglo XXI. En su seno tienen cabida todos los sectores económicos; los
servicios han crecido y pueden hacerlo mucho más, pero también determinadas
industrias que en España han sido concentradas en las áreas urbanas y
periurbanas. Los recientes procesos de globalización, cada vez más al servicio
de las transnacionales, así como los desequilibrios de la aplicación de la PAC
en nuestro país (unos pocos propietarios reciben la mitad de los fondos y el
80% de ellos solo perciben el 20% de lo concedido) no han hecho sino agravar
esta situación.
Marcos legales y medidas concretas
Es
cierto que nuestras problemáticas tienen que ver con el avance de la mundialización que afecta a la cadena de
productos alimentarios o con desarrollos europeos ya citados. Sin embargo, no debemos perder ese punto de vista amplio que
incide inexorablemente en los procesos locales. Las luchas por la soberanía
alimentaria, contra el inquietante TTIP y demás engendros del poder
políticofinanciero, debieran ser también las
luchas de la aldea más remota, porque a medio plazo el proceso en marcha acabará afectándole para mal. No obstante, sin perder
de vista esto, vamos a focalizar ahora en el agónico estado de la España
Rural que debiera convertirse en una cuestión de Estado. Para solventar este
acuciante problema que viene de lejos hay que valerse de marcos legales que
pongan en marcha la batería de medidas necesarias para revivir al muerto. La Ley 45/2007, de
13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, complementada
con el Real
Decreto 752/2010, de 4 de junio, son instrumentos adecuados para
tales fines con los retoques y actualizaciones necesarios. El bipartidismo
parece que ha pactado mantener estas leyes y medidas en un cajón, exhibiendo un
discurso de liberalismo antirrural y solamente los partidos comprometidos en
ser una herramienta real de cambio pueden apoyar la transformación hacia una
nueva perspectiva ruralista para el siglo XXI. Eso exige medios, inversiones y
compromisos de servicios, pero es una deuda inevitable tras décadas de
desequilibrio a favor del ámbito urbano. Es necesario, en consecuencia,
implementar desde las instituciones, en connivencia con los agentes económicos
y sociales, una batería de medidas fundamentadas en la concepción heterogénea y
transversal del Mundo Rural.
Podemos
adquiere un compromiso decidido de defensa del Mundo Rural vivo y, para ello;
hemos elaborado un paquete de medidas prioritarias, de carácter holístico y transversales
en sí mismas.
Son
medidas pensadas desde el Mundo Rural para el Mundo Rural, teniendo muy
presente, a la hora de aplicarlas, una territorialidad acorde con las
peculiaridades geográficas e históricas de este medio. En ese proceso el papel
de la ciudadanía movilizada será fundamental. La experiencia de determinadas
plataformas, reivindicando atropellados derechos e injusticias históricas, así
lo pone de manifiesto. Los habitantes del medio rural y el resto de la
ciudadanía, conscientes de la importancia de contar con un mundo rural vivo
para el equilibrio social y territorial de nuestro país, debemos incrementar
las presiones para que esta deuda histórica se haga realidad a través la acción
política y reivindicativa. Esta es una cuestión vital para nuestra
supervivencia, de todos y todas, y tenemos que actuar políticamente en sintonía
con los que defiendan nuestra perspectiva y nuestras medidas. No se puede
esperar más, al borde del colapso, el mundo rural español se ha puesto en
marcha quitándose el complejo de inferioridad que querían adjudicarle, poniendo
sobre el tapete soluciones concretas en el marco de sólidas filosofías de
sostenibilidad.
