Las causas de la despoblación son políticas y políticas han de ser las
soluciones
Este análisis parte de la siguiente convicción: si las gentes
de los pueblos y comarcas de la ERI no luchamos por su pervivencia, nadie lo
hará por nosotros. Y si nuestras zonas rurales se despueblan definitivamente, sin
haber intentado evitarlo, la principal responsabilidad de este ocaso recaería,
en última instancia, en sus actuales moradores y la Historia nos juzgará severamente
por esta abulia. Somos, pues, conscientes que el
factor determinante para invertir la tendencia de la despoblación y reactivar las
comarcas de la ERI, dependerá de la implicación de los hombres y mujeres del
medio rural.
Pero tal y como están las cosas, la implicación ciudadana por sí misma no puede darle ya la vuelta al desolador panorama de despoblación y agonía de la ERI, si el gobierno de la Nación y los Autonómicos no se ponen a hacer sus deberes con el medio rural de una vez por todas. Si la política es la causa de que las comarcas de la ERI se hallen en estado crítico, política tendrá que ser también la solución.
Y es que la desoladora despoblación de la ERI, no se debe a imponderables orográficos, climatológicos o de lejanía como en otros lugares del planeta, sino a causas políticas. Se debe a que durante toda la etapa del desarrollo industrial, el medio rural fue ignorado por completo desde la política, a pesar de las grandes potencialidades que brindaba para crear in situ empresas derivadas de sus materias primas y de todos sus recursos naturales agroalimenticios, micológicos, turísticos, forestales, patrimoniales, culturales, mineros, flora, etc; todo lo contrario de lo que hicieron, por lo general, en los llamados países occidentales, donde potenciaron la creación de industrias en los ámbitos rurales y redujeron los desequilibrios demográficos entre la ciudad y el campo a su mínima expresión.
La tecnificación y modernización de la agricultura expulsó mucha mano de obra del medio rural en todas partes; pero mientras que los referidos países occidentales aguantaron el fenómeno, manteniendo unos niveles de población decorosos, en España las consecuencias fueron devastadoras, por la carencia de esa industria que nunca tuvimos en el medio rural. Si a ello le añadimos, que la industria y la producción en general, la fueron concentrando en la España litoral y otras grandes ciudades del interior, en buena medida al amparo de la autarquía franquista, el resultado fue, que todo el excedente de mano de obra de la agricultura y la ganadería de la ERI, le vino como anillo al dedo a este desarrollismo concentrado, que precisaba mano de obra por doquier.
Este proceso migratorio del campo a la ciudad se aceleró al máximo desde los años cincuenta a los setenta. Para conseguirlo a la mayor velocidad posible, el régimen impulsó campañas de propaganda sibilinas denigrando la vida del campo y potenciando la figura del paleto, como sinónimo de personas, rudas e incultas de un mundo rural inferior en contraste con el refinamiento que suponía la vida en la capital donde había de todo lo que se quisiera y, además, te liberabas enseguida del estigma del paleto. Así, pues, nos dimos prisa en hacer las maletas y huimos hacia las grandes ciudades a toda prisa a “civilizarnos” y a vivir en el paraíso dorado de la vida urbanita, dejando a nuestros pueblos prácticamente abandonados.
Los gobiernos democráticos también han hecho caso omiso de la despoblación
Con la llegada de la democracia y con el auge de las nuevas
tecnologías, las telecomunicaciones, la informática, etc, las infraestructuras
y servicios experimentaron un importante impulso en las grandes urbes, algo que,
sin embargo, se le negó al medio rural, ampliándose más todavía la abismal
diferencia en medios y servicios, que ya existía entre la ciudad y el campo durante
el franquismo. Los gobiernos, en vez de dedicarse, al fin, a paliar estos
monstruosos desequilibrios como era su deber político y constitucional, han
seguido dando todas las prioridades a los grandes núcleos urbanos, donde están los
principales caladeros de votos, olvidándose por entero del medio rural, mucho
menos rentable electoralmente. Estas desatenciones han ocasionado que el
proceso de despoblación y de hundimiento de nuestras comarcas haya seguido su
curso, sin que hasta el momento se hayan puesto en práctica soluciones para
cambiar la tendencia.
Esta irresponsabilidad política de los partidos del bipartidismo de desatender el medio rural tratan de disimulada y hasta de justificada con esa cultura urbanita imperante, según la cual, los servicios e infraestructuras son medios específicos propios de las ciudades, ya que en los pueblos somos pocos para disponer de ellos y, además, tenemos otras ventajas, como aire sano, naturaleza y tranquilidad, amén de agua corriente, alumbrado, centro social, consultorio médico y pavimentación en nuestras pequeñas localidades.
Pero los problemas de fondo no se sustancian dentro de cada una de nuestras pequeñas localidades, sino que requieren del ámbito natural de las comarcas para resolverlos; tal sucede con el trasporte, las carreteras, la atención sanitaria, la escolaridad, la cobertura para la telefonía móvil y para internet, los planes de viviendas, los planes de montes, el apoyo a las iniciativas productivas, los servicios municipales mancomunados y un largo etcétera, que hemos convenido en denominar medidas trasversales y que tienen su marco de plasmación en el ámbito natural de las comarcas. Y con este enorme y prolongado vacío, con este colosal ninguneo, han sido capaces nuestros políticos de estar mirando para otro lado desde 1978 hasta el año 2007, que al fin dan señales de vida con la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que plantea a fondo y muy bien (todo hay que decirlo) las necesidades del medio rural y la manera de resolverlas, con sus políticas de medidas trasversales plasmadas desde las comarcas.
Hasta esas fechas, no existía otra política rural que no fuera la de atender la causa económica del sector primario de la agricultura y la ganadería en lo relacionado con las ayudas europeas. Y ello, a pesar de la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial aparecida en los años 90, que consiste en detraer todos los años una fuerte partida de los Presupuestos Generales de del Estado, para dedicarla a reducir los desequilibrios entre CCAA y dentro de cada una de ellas. Esas inversiones deberían haber ido a parar íntegramente a las comarcas de la ERI, que es donde realmente están los grandes desequilibrios regionales y, sin embargo, nunca ha ido a parar un solo euro de ese dinero al medio rural. A las CCAA receptoras de estos fondos, les servían las áreas rurales despobladas y atrasadas como excusa y reclamo a la hora de pedir más dinero y una vez el botín en el poder de estas, desviaban toda la cuantía a inversiones en las ciudades y zonas periurbanas, con lo que, en vez de atajar desequilibrios, los incrementaban más y más. No creemos que haya existido nunca una ley más opuesta a los objetivos que propugnaba.
Y, al fin, la Ley de Desarrollo Sostenible para el Medio Rural de 2007
Hubo que llegar al año 2007, para que -¡¡¡al fin!!!- saliera
a la luz la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que supone ponerse a
abordar por primera vez una política para la ERI, que hasta entonces no había existido.
La Ley en su preámbulo empieza por hacer una autocrítica al reconocer que lo
que ocurre en el medio rural no se debe a imponderables físicos inevitables,
sino a desatenciones políticas que en otros países europeos tienen resueltas, se
admite en la misma que el proceso de
despoblación y de decadencia de la ERI se puede revertir y define la política
rural como un todo integral que debe acometerse a través de un paquete de
medidas trasversales desde las comarcas, que contemple el conjunto de las
graves carencias y necesidades que tiene el medio rural: económicas, sociales, culturales, vivienda, servicios, infraestructuras,
etc.
Pero la Ley de Desarrollo Rural no se queda en una mera
declaración de intenciones, sino que se enriquece con el Real Decreto 752/2010 donde
específica y concreta cuántas y cuáles son las comarcas o zonas de la ERI que
precisan ser atendidas in situ descendiendo hasta ellas, apuesta porque sean
los municipios y a las asociaciones de la sociedad civil, quienes propongan el
programa y las medidas que consideren más prioritarias para cada sexenio, así
como hacer el seguimiento de las actuaciones que se emprendan. Se concretan,
además, cuáles son las comarcas o zonas
precisadas de esas ayudas transversales e integrales, fijándose en 189 las
zonas que recibirán las ayudas; de ellas a 84 se las denomina comarcas o zonas
intermedias y a las 105 se las considera comarcas a revitalizar por su
mayor despoblación y carencias, aplicándoles un mayor porcentaje de ayuda, o
sea, la discriminación positiva.
La
elección de las comarcas como marco de plasmación de la acción política no es nueva,
sino que es el mismo ámbito que se eligió para la puesta en marcha de los
programas Leader.
El hecho de que los programas se hagan por sexenios no es
casual, sino una exigencia de la Comunidad Europea, que demanda de los
gobiernos de cualquier país, que cuando pongan en acción planes para combatir la
despoblación y reactivar el medio rural, los hagan coincidir en su inicio
y finalización con las ayudas de los
fondos estructurales europeos (principalmente programas Leader), que se viene programando
por sexenios.
En definitiva, la Ley de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural y su Real Decreto 752/2010, son
dos herramientas extraordinarias, excelentemente elaboradas y absolutamente
básicas e insustituibles, que urge activar de una vez por todas, para empezar
la andadura de revertir la situación de la ERI, de la que iremos percibiendo
resultados positivos poco a poco, pero tal y como están las cosas, nos
atrevemos a afirmar que se necesitarán al menos tres sexenios para alcanzar
resultados significativos de alcance; siempre suponiendo, que cada sexenio esté
dotado de la financiación suficiente requerida y no con recursos tan escasos
como los que se dotó el primer plan de 2010, que para mayor desgracia, la crisis
primero y el PP después, impidieron que se llevara a cabo, desviando ese dinero
comprometido para las comarcas hacia
otros lugares y para otros fines distintos.
Debemos sacar y sacamos en conclusión: que si no avanzamos pronto y con pasos firmes por el camino que nos marca la Ley de Desarrollo Rural, el hundimiento del mundo rural será un hecho irreversible en un breve periodo de tiempo, porque ya no es posible a estas alturas revertir el proceso de la despoblación y reactivar las comarcas rurales con parches ni medidas por goteo, sino sólo a través de planes integrales transversales.
Peligros reales que acechan a la Ley.
El hecho de que el PP paralizara los planes de 2010 impulsados
desde esta Ley de Desarrollo Rural y desviara el dinero comprometido para las
comarcas hacia otras partes y el que no
haya movido un solo dedo para poner en marcha los planes del sexenio 2014-2020,
son dos pruebas concluyentes de que los populares no aceptan esta Ley y se
desentienden absolutamente de ella.
Pero que nadie crea que el PSOE tiene tampoco la menor
voluntad de darle vida. Si la tuviera,
estaría denunciando políticamente al PP por sus flagrantes
incumplimientos y, sin embargo, no ha abierto
la boca ni en una sola ocasión. Por otra parte, si estuviera a favor de esta
excelente Ley, hecha por el propio PSOE, no se habría aprobado en el Senado a
iniciativa de este partido, formar una Ponencia de Senadores al objeto de
aprobar medidas contra la despoblación
para trasladárselas al gobierno y pedirle que las impulse. Ponencia ésta, presidida por el Senador
socialista, Sr. Arrufat. ¿Qué sentido tiene
pedirle al gobierno un paquete de medidas en estas circunstancias? Lo único que
tendría coherencia sería instarle a que cumpla con el mandato de la Ley de
Desarrollo Rural y active la puesta en marcha del sexenio 2014-2020, que lleva
ya un año de retraso y todavía no han dado señales de vida. Pero de eso ni mu.
Y en tercer término, en el programa para el medio rural aprobado por el PSOE en el mes de marzo de 2015, no se dice ni una sola palabra de que esas medidas se impulsarán a través de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que es la única en vigor a día de hoy para aplicar las mismas; marco legal al que, por cierto, se remitían siempre los socialistas cuando gobernaban en la anterior legislatura.
Si tenemos en cuenta, por último, que estas fuerzas del bipartidismo dominante se han venido desentendiendo de las verdaderas necesidades del medio rural desde el inicio, al no haber penetrado todavía en este ámbito los partidos emergentes, eso les facilita guardar en un cajón e incluso derogar la excelente Ley de Desarrollo Sostenible para el Medio Rural. De ese modo se libran los partidos tradicionales del fuerte compromiso que conlleva con el mundo rural una política continuada de medidas trasversales hecha desde las Comarcas. Por bien intencionado que se quiera ser, es imposible evitar el olor a pacto secreto entre PP y PSOE que trasmina la Ponencia del Senado como fórmula para sustituir e intentar enterrar la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Al fin y al cabo saben, que no van a pagar ningún precio electoral por esta gran traición, ya que los cinco o seis millones de votos del mundo rural, que es lo único que les importa, se los van a repartir entre ambos , al no existir todavía otras fuerzas que les puedan hacer competencia en este ámbito.
Ayudas europeas
En el ámbito europeo vienen funcionando desde los años
noventa los Programas Leader, que si no han dado los resultados esperados no es
porque estén mal ideados, sino porque se plasman como una medida aislada y no
en el marco de planes integrales con medidas trasversales, como dice la Ley de
Desarrollo Rural; también por la escasez de las cuantía general que concede
Bruselas, así como por no aproximar todas las ayudas al 40% que es la cuantía
fijada como tope. Por último, porque en vez de destinar todo el montante del
dinero manejado por cada Leader a las iniciativas productivas como insta
Europa, aproximadamente la mitad de ese dinero, se desvía hacia los ayuntamientos para otros fines lejanos a las iniciativas
productivas.
Por otra parte, existe la posibilidad de convertir en realidad el Proyecto Serranía Celtibérica surgido hace poco tiempo, que afecta a una buena parte de la ERI (en concreto, total o parcialmente, a cinco CCAA y a diez provincias). Su gran ventaja es que cuenta con una marca unitaria de identidad que permite visualizar todo este territorio de resonancias históricas (la Celtiberia) y que cuenta ya con un proyecto presto que, de recorrer con éxito el camino hasta Bruselas y aprobarse, podría acogerse a los planes estructurales de los fondos europeos 2020-2026 por razones de montaña, extrema ruralidad y despoblación, dado que el número de habitantes es inferior a ocho por km2 (el tope que establece la Comunidad Europea para poder conceder ayudas, bajo la denominación de Nuts 2). Sería otra manera complementaria más, de contribuir al fin común de combatir la despoblación y reactivar las comarcas. Incluso para el presente sexenio de 2014-2020 existe la posibilidad de acogerse a un nuevo fondo que ha dotado la Comunidad Europea, denominado Inversión Territorial Integrada (ITI), aunque hasta ahora parece que el gobierno no está por la labor.
Asumamos ya que las ayudas europeas, por muchas que se
consigan, no pueden ser nunca el recurso principal para sacar a la ERI del
hundimiento en el que halla sumida. Hay que aprovechar todas, por su puesto,
tanto los habituales programas Leader,
como el Proyecto Serranía Celtibérica si
se consigue, como cualquier otra vía que se abra. Pero todo ello, no puede ser,
sino la parte menor del dinero que necesita la ERI para empezar a levantar
cabeza, porque mientras las ayudas europeas sólo se centran en el apoyo a las
iniciativas económicas para la inversión, y con cuantías bastante limitadas, la
Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural en cambio tiene como objetivo
atender trasversalmente la totalidad de
la problemática de la vida en el mundo rural y, porque dado el grado de
despoblamiento y carencias básicas en que se halla la ERI, la situación del medio
rural ya no se puede revertir con parches o medidas por goteo, si no tomando
toda la problemática rural como una CUESTIÓN DE ESTADO
Aprendiendo de las plataformas del medio rural
Comenzamos este análisis resaltando que es determinante la
implicación de la ciudadanía en este proceso y a ello nos volvemos a referir
para concluir. Lo hacemos extrayendo las experiencias que nos aportan las plataformas
ciudadanas Teruel Existe, Soria Ya, La Otra Guadalajara, La Plataforma Sierra
Norte de Guadalajara y Al Jiloca ya le Toca.
Dijimos al principio que en nuestro país solo parece contar la cultura urbanita y
lo rural es como si no existiera, pero el surgimiento de estas plataformas ha
servido, al menos, para elevar la voz y dejar en evidencia que por debajo de la
España urbanita que lo invade todo, existe otra rural olvidada, que se debate
entre el ser o no ser, a la que ya no se puede esconder ni silenciar. Estas
plataformas, a pesar de surgir en áreas
con poca población y en medio de las dificultades, han sabido tomar las
problemáticas de sus respectivas zonas y comarcas en sus manos y han conseguido
en todo momento un apoyo y participación muy superior al que cabía esperar de
sus respectivas ciudadanías. Esto nos lleva a pensar, que esa
participación será muchísimo mayor en la
fase más atrayente y favorable de la puesta en marcha de la Ley de Desarrollo
Rural que, como se ha dicho, se efectuará desde cada comarca y con la
implicación de los municipios y el tejido asociativo de la sociedad civil. Es
cierto que sin la participación de las gentes de la ERI, no se conseguirá nada,
pero todo indica que esa participación no va a faltar.
Y no queremos cerrar este análisis, sin llamar la atención sobre el hecho de la máxima relevancia que han puesto de manifiesto las tres últimas plataformas citadas (todas de ámbito comarcal) y es: su coincidencia plena en todo con la Ley de Desarrollo Rural. Tomemos como referencia, por ejemplo, a La Otra Guadalajara, que tiene ya más de ocho años de existencia y que se constituyó año y medio antes de que saliera a la luz la citada Ley:
Esta plataforma a finales del año 2005 elaboró un Plan Integral de Medidas Trasversales para la comarca de Molina de Aragón, sin que sus miembros contaran en esos momentos con referencias de otras comarcas que les sirvieran de orientación. La carencia de referencias, les obligó a basarse en el sentido común, tanto para hacer el diagnóstico como para proponer las soluciones. Lo llamativo del caso es, que sus gentes desde abajo llegaron exactamente a las mismas conclusiones, que un año y medio después llegaron también desde arriba los que elaboraron la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. La Plataforma y la Ley, pues, se avalan mutuamente en todo lo esencial: que las causas de la despoblación en España son políticas, que la situación es reversible, que las comarcas o similares son los ámbitos naturales indicados para abordar y resolver las problemáticas del medio rural, que sus problemas ya no se pueden resolver con medidas aisladas o por goteo, sino con programas integrales de medidas trasversales en cada comarca o zona y que se necesita de la implicación de las gentes desde las comarcas para sacarlos adelante.
En definitiva, lo que la Ley de Desarrollo Rural propone desde
arriba, es exactamente lo mismo que proponen desde abajo las tres plataformas citadas.
Esperamos y confiamos, que las propuestas que se desprenden de este análisis y que exponemos a continuación, sean asumidas por Podemos para incluirlas en el programa de las elecciones generales, y que tanto si consigue gobernar como si le toca estar en la oposición, trabaje por poner la Ley de Desarrollo Rural en funcionamiento inmediatamente y se la dote de un presupuesto suficiente para empezar a impulsar dichas medidas. La dramática despoblación y las grandes carencias del mundo rural así lo exigen y Podemos no puede fallar. Podemos no puede fallarnos a los de abajo, no puede fallarnos a la gente
Fdo:
Podemos Celtiberia
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